Tal y como ya adelantó este periódico, el alcalde del municipio, Francesc Fernández, se ha reunido a última hora de esta mañana con los trabajadores del plan de empleo que, por ser incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social, en lugar del régimen general, se han quedado desprotegidos al no tener acceso a los subsidios asistenciales no contributivos. El alcalde les ha transmitido lo acordado en la tarde de ayer en el consejo de administración de la SAG.
Efectivamente, la Sociedad Anónima de Gestión acordó, con los votos en contra de PP y Ciudadanos, la abstención de IP y el voto favorable de los partidos que sustentan el Gobierno municipal de Sagunto, solicitar a la Seguridad Social que los 63 trabajadores afectados del plan de empleo por haber sido incluidos en el régimen especial agrario, sean encuadrados en el régimen general de la Seguridad Social. Si la Tesorería General acepta esta propuesta, la SAG tendría que abonar la diferencia por las cotizaciones, que en el régimen general son más altas, y un recargo de un 20%, en total, según se informó en el consejo de administración, alrededor de 130.000 euros.
La SAG, solicitará a la Tesorería General de la Seguridad Social que proceda a realizar este cambio en el régimen de cotización de los 63 trabajadores, no porque desde la empresa pública se haya cometido alguna clase de error, circunstancia que niegan total y absolutamente, sino porque, si se realiza el cambio de encuadre indicado, los trabajadores afectados tendrían derecho a una serie de subsidios no contributivos que ahora no pueden percibir. Es decir, como la SAG no acepta que haya cometido ningún error, depende de que la Seguridad Social acceda a este ‘arreglo’ para que los contratados puedan beneficiarse de las ayudas sociales del Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE).
Según recoge la propia página web del SEPE, si se ha trabajado menos de un año, el afectado puede acceder a un subsidio por desempleo, no confundir con la prestación por desempleo de nivel contributivo, aunque hay que tener en cuenta que su duración varía en función del número de meses cotizados al Régimen General de la Seguridad Social y de si el trabajador tiene o no responsabilidades familiares. En el supuesto de que tengas responsabilidades familiares, le corresponderían 3, 4 o 5 meses, si han cotizado 3, 4 o 5 meses, respectivamente. Esa ayuda se extendería hasta un total de 21 meses, si el trabajador ha cotizado 6 o más meses, aunque, en este supuesto, el derecho se reconocerá por seis meses, prorrogables por iguales períodos hasta su duración final. Para aquellos afectados que carezcan de responsabilidades familiares, el subsidio sería de un máximo de 6 meses, siempre y cuando se hayan cotizado 6 o más meses.
Así las cosas, todo parece indicar que, si la Seguridad Social no acepta el cambio propuesto por la SAG, los contratados en el régimen especial agrario por espacio de seis meses han perdido entre 6 y 21 meses de subsidio, que era justamente lo que se pretendía favorecer cuando se modificó el PME, ampliando los contratos de 3 a 6 meses. Si finalmente la SS deniega la solicitud, los trabajadores tendrán que recurrir a la vía de la demanda ante el juzgado de lo social, camino que ya han iniciado algunos de los afectados, que, llegado el caso, siempre podrán desistir de este proceso.