A estas alturas del programa, la inmensa mayoría de los ciudadanos de este país conoce con cierto grado de detalle qué es lo que ha pasado en el Partido Popular con el tesorero Bárcenas, los sobresueldos, el reparto de sobres y, lo que es peor, de dónde proviene esa ingente cantidad de fondos económicos recaudados a lo largo de dos décadas. Al mismo tiempo, toda la cúpula del PP que, supuestamente, se ha visto beneficiada por esa política tan generosa de gratificaciones, no tiene duda ninguna de que los españoles están bastante al tanto de lo que ha pasado durante estos 20 años entre Bárcenas y los diferentes equipos ejecutivos del Partido Popular. O sea, que aquí todos saben lo que hay que saber: quién los ha puesto, a cambio de qué, quién lo ha administrado, y quién se lo ha llevado crudo. Sin embargo, nadie dimite, nadie pide perdón. Los ciudadanos tampoco se rebelan contra esa panda de mangantes. En fin, como si nada hubiese ocurrido. Así es España, diferente.

 

De todos modos, es lógico que la gente de la calle, harta de tanta corrupción, tanto corrupto y tanto corruptor, tampoco haya puesto especial interés en este nuevo episodio, que no deja de ser otra página de la misma partitura, quizá, mucho más cargada de percusión. Hasta Javier Solana, ex ministro del PSOE y ex secretario general de la OTAN, ha tenido que salir a la arena mediática para echarle un buen capotazo al Partido Popular: "Si se ha obrado legalmente, no hay problema. Si se ha obrado ilegalmente, cuando sea el juicio habrá consecuencias pero por el momento lo mejor que podemos hacer es mantener el tren funcionando y echando carbón a la caldera y moviéndonos". Es lo que tiene la visión de estadista, que lo mismo se disecciona el estado yugoslavo a base de bombardeos de la OTAN, que se antepone el mantenimiento de un Gobierno a la lucha contra la podredumbre.

 

La corrupción no se limita al Partido Popular, por supuesto que no. Por el sur siguen dando de qué hablar, y mucho, los ERES de Andalucía y la jueza Alaya, que le ha echado un par de ovarios al asunto. Cataluña tampoco se queda a la zaga, gracias a las andanzas de Oriol Pujol, vástago del veterano político catalán Jordi Pujol, que en tiempos ya se vio envuelto en el caso Banca Catalana. De casta le viene al galgo, seguramente. En la Comunidad Valenciana, el catálogo es más extenso, desde la variable de la trama Gürtel, con los famosos trajes de Camps, el 'bigotes' y compañía, al caso Cooperación, que ha terminado arruinando la carrera política del hasta ahora incombustible Rafael Blasco; o el escándalo de Emarsa, la depuradora de Pinedo, donde el boquete es de varios millones de euros. Sin olvidar el largo episodio del Instituto Nóos, donde el yerno de nuestro monarca parece que está hasta las cejas, etc. Como harían falta cientos de páginas para relacionar todos los casos de corrupción que se han registrado en España desde la apertura democrática, en este enlace se ve de forma muy gráfica cómo se ha extendido este cáncer por toda la nación. En este mapa aparece reflejado lo que se conoce, que, con toda seguridad, solo será una pequeña parte de lo que realmente se ha producido.

 

Es rigurosamente cierto que el que se 'pringa' por un cohecho de 1.000 euros es tan corrupto como el que lo hace por un millón, aunque también es verdad que una y otra fechoría no producen el mismo daño al conjunto del país, es decir, a la ciudadanía. En este sentido, me parece oportuno dejar bien sentado que, aun siendo de extrema gravedad lo ocurrido en la comunidad andaluza con el asunto de los ERES, cuyo fraude puede alcanzar un montante económico entre los 700 y 1.400 millones de euros, según las fuentes, considero que el caso del tesorero del PP es todavía de mayor calado. Lo es porque, como se ha publicado en medios de acreditada solvencia, citando fuentes de la investigación policial, los donantes de los 'papeles de Bárcenas' recibieron 12.000 millones en contratos de gobiernos del PP. Aclaro, para aquellas personas que por el cambio de moneda hayan perdido la referencia monetaria, que 12.000 millones de euros son 2 billones de pesetas. Un dineral. Esto es lo verdaderamente grave y no los sobres que hayan podido recibir los principales dirigentes del PP en concepto de sobresueldos, posiblemente en B, cuyos delitos, de existir, ya habrían expirado en la mayoría de los casos. Un servidor de ustedes no es como esos tertulianos que de todo entienden, de ahí que tenga que confesar mi ignorancia en materia de derecho penal, como en tantas otras, pero por lo poco que he leído, me aventuro a concluir que en el caso de las concesiones de contratas del Estado se podría haber incurrido en tres figuras contempladas en el Código Penal: cohecho, prevaricación y malversación de caudales públicos. En todo caso, doctores tiene la iglesia para juzgar, cuando llegue el momento, lo ocurrido, aunque mucho me temo que todos estos escándalos de corrupción se van a quedar en agua de borrajas, o sea, en nada. Algo, por otra parte, bastante lógico en un país donde la división de poderes de Montesquieu brilla por su ausencia, como es bien palpable.

 

Al margen de lo que se dilucide en los tribunales, es bien evidente que la ética política exige un determinado comportamiento. Aquí, el Partido Popular es el que ganó las elecciones y, por tanto, es esta formación política la que tiene el encargo de la mayoría del pueblo español para gestionar la gobernanza de la nación hasta los próximos comicios generales de 2015. Ahora bien, una buena parte del actual equipo popular está éticamente invalidado para seguir al frente de las responsabilidades públicas que ostentan. Dicho de otro modo, los que de forma fehaciente están salpicados por este escándalo deberían marcharse a su casa y dar paso a otros dirigentes populares que, por ahora, pueden ir con la cara bien alta. Esta receta no es de exclusiva aplicación para el PP, no, también para el PSOE de los ERES de Andalucía y para aquellas fuerzas políticas que, marcadas por la corrupción, mantienen en sus puestos a gente de dudosa ética y honradez. Esto es lo que ocurriría en un país serio, en España, con el "y usted más" se arregla todo. Bueno, todo no, los 6 millones de parados siguen ahí, los recortes van a más, y el aparato burocrático administrativo de la administración, en su distintas formas, sigue intacto.